Por Maldita Condenada

Hegemonía masculina y desigualdad de género detrás de los muros de una cárcel de mujeres

Cuando los derechos de 60 personas quedan condicionados por una decisión institucional, la desigualdad deja de ser una cuestión individual y se convierte en un problema colectivo.
Hablar de perspectiva de género, diversidad y derechos humanos dentro de una institución penitenciaria exige mucho más que discursos políticamente correctos. Exige revisar las prácticas cotidianas, las decisiones administrativas y, fundamentalmente, las relaciones de poder que determinan cómo vivimos quienes estamos privadas de libertad.

En un penal de mujeres, donde convivimos aproximadamente 60 personas, entre mujeres, lesbianas, personas de identidades diversas y un varón trans, se presenta una situación que merece una reflexión profunda: se nos restringe el uso de shorts y de ropa cómoda debido a la presencia de un custodio masculino que cumple funciones de vigilancia vinculadas a una mujer trans.

La situación resulta particularmente contradictoria durante jornadas de temperaturas intensas, cuando vestir ropa fresca no constituye un privilegio, sino una necesidad básica de comodidad y bienestar.

La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué 60 personas tenemos que modificar nuestra vestimenta y nuestros hábitos cotidianos para adaptarnos a una decisión institucional vinculada a la presencia de un solo agente masculino?

Es necesario aclarar algo: los derechos de las personas trans no están en discusión. La identidad de género debe ser respetada y garantizada en todos los ámbitos, también en el penitenciario. Pero garantizar los derechos de una persona no puede convertirse en argumento para restringir colectivamente los derechos de otras.

El verdadero problema está en la decisión institucional y en la manera en que se distribuyen sus consecuencias.

Aquí aparece una expresión de la hegemonía masculina: la presencia de un varón heterocisgénero termina condicionando los cuerpos, la comodidad y la intimidad de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres y diversidades. La institución, en lugar de buscar una organización de la custodia que contemple los derechos de todas las personas involucradas, traslada la responsabilidad de esa organización a quienes estamos alojadas allí.

¿No es acaso una forma de desigualdad de género que seamos nosotras quienes debamos cubrir nuestros cuerpos, modificar nuestra vestimenta y resignar comodidad para resolver una cuestión de organización institucional?

En un contexto de encierro, estas decisiones tienen un peso particular. No estamos hablando de personas que pueden elegir libremente dónde estar, cómo organizar sus espacios o a quién recurrir si una norma les resulta injusta. Estamos hablando de personas cuya autonomía ya se encuentra profundamente limitada por la privación de libertad.

Por eso, una restricción aparentemente pequeña puede convertirse en otra forma de subordinación cotidiana. El control sobre la vestimenta también es una forma de control sobre el cuerpo. Y cuando ese control se fundamenta en la presencia masculina, corresponde preguntarnos qué concepción de género y de poder está reproduciendo la institución.

Desde mi identidad como persona lesbiana no binaria, considero que estas situaciones no pueden analizarse por separado de las desigualdades que históricamente atravesamos las mujeres y las diversidades sexuales. Tampoco podemos permitir que la perspectiva de género se reduzca a reconocer algunas identidades mientras se invisibilizan las necesidades y los derechos de las demás.

La salud mental también se construye en estas condiciones cotidianas: en la posibilidad de sentirse respetada, de tener intimidad, de habitar el propio cuerpo sin restricciones arbitrarias y de no experimentar permanentemente que nuestras necesidades ocupan un lugar secundario.

La perspectiva de género no puede aplicarse selectivamente. La diversidad no puede utilizarse para justificar nuevas desigualdades. Y los derechos humanos no pueden depender de quién tiene mayor capacidad de decisión dentro de una institución.

Estar privadas de libertad no significa dejar de tener identidad, dignidad ni derechos. No somos cuerpos que la institución puede administrar sin escuchar. Somos personas, somos sujetas de derechos y nuestras voces también tienen que formar parte de las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana.

Porque la igualdad no consiste en que todas tengamos que soportar restricciones, sino en que ninguna persona tenga que resignar sus derechos para que otra pueda ejercer los propios.
La pregunta final no es cómo debemos vestirnos las 60 personas. La pregunta es por qué una institución que debe garantizar derechos elige resolver sus propias decisiones restringiendo la autonomía de quienes están bajo su custodia.

El encierro limita la libertad ambulatoria. No debería convertirse en una autorización para disciplinar nuestros cuerpos, silenciar nuestras voces y naturalizar desigualdades.