6. Corrientes, todo un país.

Cuando la recuperación de la democracia en 1983 significó que en Corrientes resultaran blanqueados los sectores pro dictadura, identificados con el Pacto Autonomista Liberal, no fue ninguna novedad. Así como afirmamos que la “Impugnación” del extenso período de proscripciones, represión y golpes, no alcanzó para que el país se sacara de encima el modelo que venía implícito con ese esquema de anulación de la participación ciudadana, también concluimos que de ese modo la democracia recuperada se vería impedida de restablecer la justicia social y la soberanía popular.

En la provincia litoral el “pacto” denunciaba, desde su denominación, un reparto de poder, un entramado de familias distribuidas en la armazón institucional, y un modelo económico basado en el agronegocio. La siesta mesopotámica se sostenía además sobre la consolidación de una pedagogía de masas de raíces culturales y religiosas, que en las clases populares se suele asimilar con devoción y pasividad.

La “idiosincrasia” atribuida al “correntino” busca operar como bálsamo social ante las presiones reformistas –ya sea para obtener un lugar en los negocios, o para mejorar las condiciones de vida-. Entre estos últimos, los sectores de ingresos medios vinculados al estado, de carácter urbano, son protagonistas de tensiones y reclamos que traducidas políticamente encuentran eco en el peronismo.

“Eco” es, justamente, la sigla de Encuentro por Corrientes, que durante el siglo XXI expresara el intento de renovación de los grupos de poder en el Estado, y el lavado de cara de un modelo que se resiste a sumar protagonistas al reparto. La nueva configuración, antes que cuestionar los privilegios de la élite anacrónica, vino a incorporar cierta diversidad política de vertientes liberales y peronistas, conducidas por la Unión Cívica Radical.

Las figuras destacadas de la etapa -Colombi, Valdés-, sobre todo estos últimos, aprendieron de los errores que la conducción del primero cometió. La rusticidad demagógica, fue reemplazada por un refreshing marketinero, a tono con la época. Un solo ejemplo puede bastar para comprender la capacidad de perduración de este modelo.

Un gobernador ignífugo. En 2022, el 10% del territorio correntino estuvo en llamas, estos incendios forestales que muchos atribuyen a focos intencionales con el objeto de desmalezar grandes extensiones, arrasó con más de 785 mil hectáreas informó entonces el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pese a que el departamento Ituzaingo –del que proviene el entonces gobernador, Gustavo Valdés- fue el más afectado, este pudo sortear los efectos de la catástrofe sobre su figura,

La idea de que los desastres ambientales responden al azar de la naturaleza, antes que al modelo productivo y a decisiones políticas postergadas, le permitió al gobernador descansar responsabilidades en el gobierno nacional de entonces, así como realizar la puesta en escena de solicitar ayuda a la embajada de los Estados Unidos.

El show debía continuar. En medio de marchas y contramarchas por las críticas hacia su decisión de realizar aportes millonarios para el carnaval 2022, Valdés contemplaba las llamas en medio de la inoperancia, y sobre todo, sin involucrar a la población en la concientización solidaria sobre la magnitud de la devastación. Recordar que en la lista de candidatos de Eco-Vamos Corrientes de 2023, figuraba la hoy cuestionada ministra de educación, Ana “Anita” Miño, resulta un dato patético.

Con todo esto ¿por dónde continuar? La plataforma electoral de Eco-Vamos no podía ser más reveladora de los estrictos límites que, como fuerza política se auto imponía.

“La política social se concentrará en la ejecución de mecanismos de provisión de bienestar con el objetivo final de crear pisos mínimos de igualdad que se impongan por sobre las diferencias sociales de carácter estructural”. Esto quiere decir que se apuntará a lograr cierta posibilidad de acceso a derechos para los sectores postergados, sin que por ello se vulneren las jerarquías sociales, lo que a buen entendedor significa que “los pobres seguirán siendo pobres”.

En el área de “educación” la alianza en el gobierno reconocía sus falencias, por eso prometía una educación inclusiva y de calidad, lo que a la luz de los acontecimientos recientes en Esquina, así como el nivel de insatisfacción reinante en la docencia provincial, resulta una traición de la confianza pública.

La concentración poblacional urbana y el fuerte decrecimiento de la población rural, que, según el Censo Nacional de 2022 duplicó el promedio de descenso rural a nivel nacional (-29,9%) y superó notablemente al de la región del NEA (-26,6%), se explican por la transformación productiva y las modalidades de explotación de los recursos.

Las vastas extensiones de tierra destinadas a ganadería o forestación, por ejemplo, han reducido la necesidad de mano de obra directa, y esto se evidencia en el aumento poblacional de las 11 ciudades más habitadas de la provincia.

En el ámbito rural ha crecido una modalidad de turismo de lujo en torno a las estancias, a las que suelen arribar avionetas con pasajeros nacionales e internacionales. Pese a las múltiples acusaciones de complicidad con el narco, que periódicamente estallan en Corrientes entre núcleos del poder político, queda claro que no todo aterrizaje o despegue de pequeñas aeronaves es sinónimo de actividad ilícita.

Los problemas que genera esta modalidad de turismo en los llamados “lodges” son, una vez más, la extranjerización de la tierra y su acaparamiento. Los pobladores en esos casos ven restringido el acceso a determinadas zonas, y a sus actividades habituales en ellas. Además de las alteraciones ecológicas que producen en la fauna y en los territorios, estos emprendimientos incorporan escasa mano de obra, mientras en simultáneo tienden a deformar la cultura local según los estándares de la demanda turística.

Con un criterio electoralista, y teniendo en cuenta que el 35% del total de habitantes se concentra en la capital, la prioridad gubernamental aparece dirigida en esa dirección. Entre otras muchas razones esto explica la desatención del interior, sobre todo en lo referido a los derechos de los sectores más vulnerables, condenados a la irregular asistencia social.

Este fenómeno adquiere en Corrientes un rango aún más complejo, dado el desinterés del gobierno hacia las obras de infraestructura –puente interprovincial con el Chaco, rutas, logística-que debieran estar destinadas al desarrollo productivo. Por supuesto tampoco figuran entre sus prioridades la agricultura familiar y el arraigo, del 17 % (estimado) de población rural existente.

“Justicia para Nancy” vuelven a reclamar los docentes autoconvocados en Esquina. La síntesis previa es el marco necesario para entender la actual encrucijada correntina. En las tranquilas calles de la ciudad, retumba una demanda que encierra la cruel realidad de un modelo atrasado. Se nota todavía la ausencia de protagonistas imprescindibles, sindicatos, instituciones, organizaciones sociales, son muchas las voces por sumar, son muchas las deudas por saldar.

Por eso también exige la presencia de las autoridades, son los partícipes necesarios de la escena, sino como factor de una respuesta postergada, seguro como responsables directos de un modelo a la deriva.

Allí donde el asesinato de una maestra rural detona todas las verdades ocultas bajo los pliegues consolidados de la desigualdad y de la injusticia. Estamos convencidos, hoy más que nunca, que la posibilidad de “justicia” reside en ese paso lento, pero firme, de la comunidad. Es una convocatoria a la presencia activa, un llamado a los vecinos, devenidos ciudadanos, a crecer en compromiso para obturar la repetición del crimen.

Imagen de portada: ambito.com

5. La matrix. O cómo ir a menos cuando el crimen es la ley del más fuerte.

Una noticia tapa o reemplaza a otra. Huye Bolsonaro, cruje el modelo paraguayo de capitalismo salvaje, en EEUU desbarranca Trump, el líder de la secta extremista que todavía gobierna el imperio.

En nuestra Argentina, el desastre libertario se lleva puestas las esperanzas de sus habitantes. El Papa desembarca en un país herido y desorientado, mientras la principal oposición –el peronismo- no termina de asimilar sus errores pasados para poder asumir la conducción de la victoria popular.

Nancy, una obrera de la tiza y el pizarrón, yace en el cementerio de Esquina, provincia de Corrientes. En su caso, la lógica de los medios y las redes sociales nos lleva de la información al grotesco. Desde Buenos Aires, los canales de teve imprimen su agenda sobre una región que no conocen más que para alentar su agenda cotidiana de morbo: el femicidio y sus detalles, la “pista narco”, el salvajismo de los peones.

Dos comunicadores se enfrentan en la plaza de la ciudad, para acusarse mutuamente de auparse al caso “Loan”, o al de “Nancy”. El culto al rating, y al “me gusta”, determina a veces la línea editorial, la pauta oficial hará el resto.

A veces la profusión informativa ayuda, antes que a entender, a disimular ausencias. Difícil conjugar el chicaneo legislativo correntino con propuestas reales de justicia y de respuesta al sordo clamor de las puebladas.

Las centrales de trabajadores y los sindicatos docentes atisban la convulsión, inmovilizados por la falta de reflejos combativos. Docentes autoconvocados levantan la voz y buscan culpables en la oscuridad. Las plegarias no son atendidas, y las redes sociales son el depósito adormecedor de la catarsis colectiva.

No siempre fue así en el litoral. Corrientes supo hacer punta a fines de los años 60 cuando el “correntinazo” hacia retroceder a la dictadura de Ongania, que asesinó al estudiante universitario Juan José Cabral. La ausencia actual de aquella convicción: “Tocan a uno y nos tocan a todos”, convierte los reclamos en una pulseada constante entre el escepticismo y la esperanza.

Más cercano en el tiempo, hace 27 años, en diciembre de 1999, el mismo pueblo correntino -al que desde las pantallas hoy se tironea para arrancarle una lágrima y para sembrar sospechas vecinales- demostraba su valentía, ante la represión salvaje del gobierno de De la Rúa, desatada en el puente Chaco-Corrientes.

La basura informativa anestesia la bronca cotidiana, y calma aquellas conciencias que descansan en la inmutabilidad del orden establecido.

Entonces Nancy, una abnegada trabajadora de la educación y defensora de la escuela pública, se convierte en contenido, a veces macabro, y otras piadoso, como ocurre en el culto formal del calvario cristiano. El poder, entretanto, dispone del recurso principal para la tarea disuasoria, el tiempo. Su infantería mediática siembra la vocería, que buscará arrimar a la población a la impotente pasividad crispada de puertas adentro.

Son pocos los que relacionan este crimen “individual” -que revela una injusticia estructural-, con otros casos históricos en los que el pueblo correntino demostró su dignidad. Tomar el femicidio de Nancy como un hecho aislado, un “delito común”, solo favorece a la élite de una provincia sumida en la desigualdad, y perpetúa las condiciones para que se repitan estos hechos.

Sabemos, por experiencia colectiva, que determinados crímenes –como el del camarógrafo José Luis Cabezas en la década del 90- trascienden los límites estrictos de la víctima y de su entorno, y terminan por descubrir los repliegues ocultos del sistema de poder. Uno de los efectos sobre el conjunto de la sociedad pareciera ser el meneado concepto de inseguridad. Sobre este argumento usual, el investigador del Conicet Gabriel Kessler nos dice que “la inseguridad ligada al delito es sobre todo una prenoción sociológica, esto es, una forma de explicar la realidad del sentido común antes que un concepto desarrollado por las ciencias sociales. Para ciertas miradas, la inseguridad consistiría en una amenaza que puede recaer de forma aleatoria sobre cualquiera de nosotros; en cambio, la violencia del «crimen organizado» afectaría exclusivamente a sus copartícipes”, en El sentimiento de inseguridad.

Deducimos entonces que la verdadera forma en que el crimen se revela en todas sus nefastas consecuencias, se da cuando la presencia y la constancia de los deudos, convertidos en comunidad, garantizan el arduo trajinar de la justicia.

4. Matar a un ruiseñor.

“Hasta siempre Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”, así se expresan los pobladores de la ciudad de Esquina, este miércoles 4 de noviembre en su despedida.

No todas las instituciones locales reaccionaron igual, a tono con la política de silenciamiento encarada por el gobierno, la escuela Normal de Esquina –en algún momento lugar de estudio y luego de trabajo de Nancy- prosiguió sus tareas normalmente mientras enfrente, en la plaza 9 de Julio del centro de la ciudad, se realizaba el emotivo y doloroso acto del adiós.

Ante otros micrófonos, y con todas las miradas dirigidas hacia él por incumplimiento del gobierno en la salvaguarda de los derechos de sus habitantes, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés prometió cambios en el ministerio de educación. A tono con el presidente Milei, que busca disimular la crueldad de su plan de gobierno ante la visita del Papa León XIV, Valdés comentó que “Como gobernador del, quizás, pueblo más arraigado en la fe, sí o sí tenemos que estar acompañando al Papa”.

Lejos de las palabras altisonantes, el pontífice insiste en que su labor es tener el corazón puesto en el servicio y la cercanía al sufrimiento humano, como la súplica de José, hijo de Nancy, “Mi madre era alguien de fe”. Junto a sus hermanos, Adán y José, exige que “No se tape la verdad, que no sea una desparecida más en Corrientes”.

La respuesta del ministerio al pedido de Nancy llegará tarde, no solo porque ella ya no está, sino porque según justifica Ana Miño, ministra de educación de la provincia, “Es un proceso que comenzó y lleva su tiempo”.

Una lástima que la ministra no haya tenido a mano la diligencia de Rita Fernández Toffalo, maestra y amiga de Nancy, quien sí pudo recorrer el escaso movimiento del reclamo manuscrito de la maestra asesinada. Desde su redacción el 15 de agosto, y su registro en el Consejo de Educación el 1° de septiembre, estuvo archivada más de un mes y medio, para ser girada recién cuando apareció su cuerpo, constató la docente (Expediente N° 320-9065/26, pedido de informes del viernes 30 de octubre)

La ministra ahora también parece haber tomado nota de la existencia en su provincia de “265 escuelas rurales, de las cuales 113 tienen menos de cinco alumnos”. Es importante aclarar a la funcionaria que, en general, las escuelas plurigrado (como es el caso de la 626 dentro de la estancia “El curupí”) funcionan con un docente para alumnos de diferentes edades, por lo cual resulta inexplicable que de pronto afirme que se están “analizando alternativas para concentrar estudiantes de establecimientos cercanos con el objetivo de que los docentes puedan organizar su trabajo con una maestra por grado”.

Dichas declaraciones pretenden dar la impresión de un abordaje a la situación preexistente, pero terminan por revelar la dilación en la respuesta, que trata de ampararse en la cadena de la burocracia para disimular el nulo accionar gubernamental.

Si bien es cierto que ninguna medida devolverá la vida a la maestra rural, la ausencia de la ministra en Esquina –“siempre me mantuve al margen”-y la falta de acompañamiento a la familia y a la comunidad, difícilmente se justifiquen como “una cuestión de respeto”.

Pese al intento de acotar las denuncias hacia los peones detenidos, y de silenciar las gravísimas falencias del sistema educativo, de sus funcionarios, y del propio jefe del ejecutivo, las movilizaciones de la comunidad rompen el cerco y difunden recientes escándalos. Como la fiesta en un salón del Hotel Casino del Litoral, para la ministra y sus funcionarios, en simultáneo con la salida, desde la morgue judicial, del cuerpo de Nancy.

No faltan afirmaciones de sus conocidos acerca de que “Ella vio algo que no querían que trascienda”, como motivo del crimen. La paradoja es que luego mencionan –al igual que la mayoría de los medios nacionales y provinciales- las mismas causales que, según confirman, venían de vieja data. Lo cual certifica, en primer lugar, lo que mencionamos en esta crónica: el modelo socioeconómico, político y cultural correntino, cruje desde hace años.

La urgencia de la sinrazón suma hipótesis a la tragedia –narcos, abuso sexual, corrupción e intereses asociados al coto de caza, la escuela fantasma- pocas hacen referencia a un modelo anacrónico en el que Nancy resulta el “ruiseñor” del que habla la novela “Matar al ruiseñor”. En ella se hace evidente que, cuando una sociedad convive con estructuras injustas de desigualdad, pobreza, y estigmatización de sectores vulnerables, resulta “normal” que, el poder y la justicia, busquen castigar siempre al eslabón más débil.

Calmar las conciencias y aquietar los reclamos, desmovilizar y desviar el eje, devolver al hogar y retomar las tareas. Palabras y espectáculo para ayudar al tiempo a limar los sentimientos de justicia renacidos en el pueblo. Las pantallas harán su parte en la fragmentación comunitaria, piensa el poder.

El mayor triunfo político de ese sistema – el de Corrientes, como el de tantas provincias, o debiéramos decir del país- se termina de configurar entonces en la postura de aquellos ciudadanos cuya buena fe y tranquilidad reposan en que las cosas vuelvan a su cauce, al anterior al crimen. “Que paguen las bestias salvajes”, dirán, “Pena de muerte”, claman.

El retorno a la normalidad, cuando las cosas funcionaban “bien”, consiste, en realidad, en volver a una sociedad jerárquica y patriarcal, de pobreza estructural y analfabetismo crónico en áreas rurales, concentración de la tierra, y sobre todo, una conciencia popular doblegada por años de sometimiento.

3. La vida no vale nada. 

Ante el crimen, y no por casualidad, las sospechas y suspicacias se expanden por Esquina. En una marcha, el hijo de Nancy levanta la foto de su madre y clama por la ausencia de las autoridades comunales, así como del gobierno provincial.

Son las mismas imágenes y similares lamentos a las de cincuenta años atrás, cuando Monseñor Devoto desde Goya interpelaba a los poderes establecidos: “Norma Morello conoció la miseria de los campesinos más allá de nuestras fronteras, entonces me convencí de que era aplicable a su persona la denuncia del Sínodo de Obispos sobre los casos de tortura contra los presos políticos”, decía el obispo de la diócesis de Goya, en su carta pastoral de semana santa de 1972.

Tal como entonces, la comunidad de Esquina, impactada por el hallazgo del cuerpo mutilado de Nancy el miércoles 28 de octubre, reaccionó con dolor, pero también con firmeza para pedir justicia. El país asiste hoy conmocionado, a los escabrosos detalles que se hacen públicos a medida que avanza la investigación. Con los reflejos de aquellos colectivos que han padecido situaciones de injusticia, tanto el SUTECO (sindicato docente provincial), como la Ctera a nivel nacional, llamaron a una medida de fuerza y exigieron el esclarecimiento total del indescriptible crimen.

“No acostumbrarnos al dolor”, dice el comunicado de Presbíteros. Diáconos, Ministros y laicos del Equipo de Animación pastoral departamental. CIUDAD DE ESQUINA CORRIENTES. DIOCESIS DE GOYA. “La dignidad de la persona humana, el valor de la vida y el derecho a trabajar en condiciones seguras no son negociables. Cada trabajador merece respeto, protección. No queremos que ningún trabajador tenga que salir a cumplir con su deber poniendo en riesgo su vida. No queremos que ninguna familia pase por esta situación de dolor”, afirman.

Pese al ruego eclesial de “No acostumbrarse al dolor”, la naturalización de la pobreza y de indignas condiciones de vida queda demostrada cuando la fuerza policial describe el lugar del hallazgo del cuerpo de Nancy: una zona de geografía compleja, con bañados, pantanos, humedales y sectores de difícil acceso.

Así era el trayecto que Nancy cubría a pie y a caballo para llegar al trabajo. Desconocer ese dato, o romantizarlo con una perspectiva folklórica, sería como sellar el destino inexorable, no solo de la trabajadora de la educación, sino de toda la comunidad de la zona.

“La bandera –un pedazo de tela sucia- a la que lavé, los libros sucios, cuando no mojados”.
Eran ocho los alumnos que Nancy había registrado aquel día de agosto en que llegó a la “escuela”. Niños para los cuales la “igualdad de oportunidades” es un concepto abstracto, algo que no existe. Hoy se discute el destino de la nota en la que la docente describió ese contexto. Si se le dio curso, si fue archivada. Sea como sea, hasta el momento del crimen nunca llegó una respuesta.

Ante la vida cegada de la maestra quedan en segundo plano los aspectos referidos por ella en su descripción del estado de la escuela primaria N° 626: la parte edilicia totalmente abandonada, sucia con bichos de todo tipo, inodoros llenos de tierra, sin agua, paredes rajadas, el techo que parece a punto de caer, ratas y murciélagos en el techo y un olor insoportable.

Luego la crónica policial, que ocupará durante días las pantallas y portales con detalles ciertos, otros improbables y muchos mentirosos, en un combo de noticia y distracción, mantendrá el interés menguante de una Argentina en shock. Un país y una provincia en la que una escuela puede convivir sin escándalo con un coto de caza en las tierras de una enorme estancia. Y una humilde trabajadora, cuyo salario mensual es inferior al costo de vida, la misma vida que le fuera arrebatada, por arrimar una señal de presencia estatal allí donde el monte es menos bárbaro que la conducta del asesino.

La secuencia de impunidad, que se quiebra a medias cuando trasciende un asesinato a sangre fría, suele alimentarse de la connivencia entre autoridades, propietarios, poder judicial y legislativo. Es el mismo carácter corporativo que hace la vista gorda ante la fumigación con agrotóxicos sobre comunidades escolares y huertas familiares. O cuando se permite hacer puntería sobre la fauna en las proximidades de una escuela.

Todavía no se conoce toda la trama del calvario de Nancy, pero acompañarla en el cómodo trecho de quienes leemos su nota de reclamo al ministerio, mientras pensamos en tantas maestras que, al igual que ella, cargan con similar odisea, desde llegar a la escuela, hasta ponerla en condiciones con sus propias manos, para luego entregarse con una sonrisa a su noble tarea, es también un imperativo del reclamo de justicia.

2. El caso de Norma Morello, la primera mujer –maestra rural- secuestrada y desaparecida en el país.

Nancy Godoy, 52 años, madre de tres hijos, maestra rural. En busca de un cargo de ascenso, acepta la designación en la escuela plurigrado N° 626 del paraje “El Malezal” en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes. “Una zona inhóspita”, define Gladys al asentamiento, por nota al Consejo de Educación el 15 de agosto de este año.

Quizás sin querer, esa nota manuscrita, redactada ante los pocos vecinos testigos del estado en que se hallaba la escuela, hacía las veces de un “memorial de agravios”, de los que en épocas de la colonia se enviaba a la sede del imperio español, en espera de improbables respuestas.

Esa distancia virreinal, se agiganta hoy pese a las nuevas tecnologías, y exhibe la injusticia de las condiciones de trabajo, y la absoluta falta de tutela de derechos por parte del Estado. Un Consejo de Educación que cubre una “licencia de un mes”, que en los hechos consiste en un cargo vacante durante dos años. Una comunidad, una población infantil, carente de educación, y de condiciones mínimas para dicho fin.

Una trabajadora elevando la voz, pese al estado de situación. Algo similar ocurría en Goya hace unos 55 años. La maestra rural era Norma Morello, tenía entonces 30 años, y pertenecía al Movimiento Rural Católico. El caso de Norma, distinguida por Ctera como “maestra de la vida”, se inserta en el terrorismo de estado padecido por nuestro país durante las dictaduras militares.

Si bien entre ambas situaciones, aparte del tiempo, median otras calificaciones y desenlaces, las une una trama de injusticias, de deserción estatal, y de desamparo de la población rural y las trabajadoras, insoslayable.

Al igual que el “memorial de agravios” elevado por Nancy al Consejo de Educación, Norma había luchado junto a los trabajadores del tabaco, antes de conseguir una suplencia en una escuela rural de Goya. El establecimiento se encontraba dentro de la estancia “La Marta” y allí se desempeñó Norma por apenas 3 meses, hasta que fue secuestrada por fuerzas militares.

Los mismos rostros, dolientes y decididos, que vemos por estos días marchar en reclamo de justicia por las calles de Esquina, se hacían ver en Goya durante 1971 y 1972 por la aparición con vida de la maestra rural. Las puebladas eran encabezadas por el obispo de Goya, don Alberto Devoto, y pusieron contra las cuerdas a la dictadura de Lanusse.

Con el tiempo se confirmó que había participado el ejército, se supo que el operativo fue a las una y media de la noche, y que la sacaron de la escuela vendada, que la prefectura la trasladó en avión a Rosario, donde continuaron los apremios. Se supo que Norma fue torturada y picaneada, y que en los violentos interrogatorios le requerían nombres y actividades.

Era la primera vez que se tenía noticia de una detención seguida de desaparición en el país (el primer caso aislado había sido la desaparición de Felipe Vallese en 1962).

1. La responsabilidad del Estado y el crimen.

Entre la ciudad de Goya, en el sudoeste de la provincia de Corrientes y la ciudad de Esquina, casi en el límite con Entre Ríos, median poco más de 100 kilómetros. Así como Goya, segunda ciudad de la provincia en cuanto al número de habitantes, destaca su relevancia a la vera del río Paraná, Esquina se halla sobre el río Corrientes, próxima a la confluencia con el río Paraná.

Según las referencias turísticas, la población de Esquina expresa su devoción religiosa a Santa Rita de Casia –patrona de la ciudad- cada 22 de mayo, en las fiestas patronales. Entretanto, la patrona de Goya, Nuestra Señora del Rosario, es recordada cada 7 de octubre.

Esta religiosidad popular, siempre mencionada como un sello identitario de la provincia de Corrientes, se entrelaza con naturalidad en la cultura y las costumbres lugareñas, que moldean el vínculo de hombres y mujeres con la tierra.

Precisamente, hablar de “tierra” en Corrientes remite a un lugar común, el de su tenencia, acaparada en pocas manos. Según el historiador Enrique Schaller, hasta mediados del siglo XIX “La consolidación del dominio privado de la tierra en Corrientes durante la expansión ganadera constituyó un arduo proceso dado que la adjudicación de tierras públicas experimentó múltiples complicaciones… una importante porción de terrenos fiscales fue transferida, en diversas formas, al dominio particular. Estas tierras, que probablemente eran las más aptas para el poblamiento fueron adjudicadas en unidades de gran extensión conforme con los requerimientos de la producción ganadera extensiva vigente en aquella época. Se fue conformando así el grupo hacendado y terrateniente que tendría decisiva influencia en el desenvolvimiento de la provincia”.

Entre el latifundio y el abandono de la población rural, se construyó un paradigma de desamparo para los más humildes, en el que la presencia del Estado y la connivencia con los sectores más poderosos se convertía en ley.

Por eso no es de extrañar que, ante un crimen salvaje como el de la maestra rural Nancy Godoy, resuenen las advertencias y los datos que demuestran graves ausencias del Estado para garantizar derechos y la seguridad de las personas.

Cuando Sebastián, uno de los hijos de Nancy, exclama que no permitirá “que ella sea una desaparecida más en Corrientes”, no solo resuena la ausencia de Loan, sustraído de su hogar hace poco más de dos años, sino que, remontándonos más de 50 años atrás, llega el eco de un suceso que en su momento conmocionó al país.