Por Carlos Davel Quirós

Para empezar por lo urgente, la profundización de la crisis económica la pagarán una vez más los sectores asalariados medios y bajos, y las actividades económicas ligadas al consumo interno. La ley Bases -estatuto legal del coloniaje y de la supresión de derechos- avanza sobre un campo previamente bombardeado para debilitar toda defensa popular. Ese territorio de pobreza y trabajo precario, esa realidad de un Estado con demasiadas asignaturas pendientes (cuando se dice Estado queda claro que la referencia directa es a lo que la ciudadanía ve cada día, desde la escuela, el hospital, el centro de salud, la policía, los servicios, el transporte público), fue lo que metabolizó el «mileísmo» para llegar al gobierno.

Desde enero, cuando los despidos y el remate de las empresas públicas se convirtieron en el catecismo libertario, la Confederación General del Trabajo y muchos sindicatos se erigieron en la valla más próxima para intentar frenar la blitzkrieg destructiva. El paro del 24 de enero, en menor medida la marcha feminista del 8 de marzo, luego la del 24 de marzo, pusieron en evidencia que un amplio abanico social se oponía a las medidas oficiales. El rol de conducción del conflicto social, a la cabeza de una oposición política desarticulada, fue asumido por la clase trabajadora -todavía- organizada sindicalmente.

Sin un plan de lucha sistemático, cada conflicto responde desde su parcialidad a la ininterrumpida agenda de despidos y transformaciones regresivas, mientras la falta de articulación y de un programa alternativo, pueden confundir aún más a una sociedad que en tanto pierde certezas, se satura de incertidumbre. Esa búsqueda de certidumbre influyó, sin dudas, en la masiva defensa de la educación pública que el 23 de abril desestabilizó el mundo de fantasía de la ultraderecha.

Este 9 de mayo, el paro general convocado por la CGT, sitúa en perspectiva el camino recorrido en lo que va del año, cuando se manifiestan los resultados concretos del plan de gobierno. Dice Martín Burgos en Página 12: «Luego de varios meses de impronta libertaria, el Gobierno parece estar instalado en una cierta normalidad respecto del resto de los actores del sistema político y económico, en pos de lograr su consolidación».

Un «factor de preocupación del Gobierno son los salarios: no por su brusca reducción, sino que, al contrario, teme por su recuperación… enero y febrero marcó incrementos de salario nominal por debajo de la inflación, pero con ritmos muy elevados: 16 por ciento en enero y 11 por ciento en febrero, y seguramente seguirá creciendo mes a mes. Este dato implica en primer lugar que hay resistencia al Gobierno: es un conflicto institucionalizado por los convenios colectivos de trabajo, pero conflicto al fin».

En coincidencia con esto, venimos afirmando que dado el perfil primarizador e industricida del plan libertario, quienes asumen la responsabilidad de confrontarlo son las organizaciones sindicales, cuyas bases ven peligrar conquistas históricas. Del mismo modo, los movimientos sociales -de asidua presencia en las calles durante la etapa anterior- ceden la iniciativa, dado que mientras estos son acorralados en la supervivencia, los trabajadores formales resisten al amparo de sus sindicatos y la legislación laboral todavía vigente.

«… la inflación obliga a los trabajadores a movilizarse, reunirse y pedir colectivamente incrementos salariales. La inflación une y refuerza a las bases sindicales. Es decir que esa resistencia de los trabajadores en Argentina puede hacer fracasar el modelo económico: cada nueva paritaria empuja al Gobierno a una devaluación y una crisis económica que puede socavar definitivamente su base social y desencadenar una crisis institucional de proporciones, dada la fragilidad política del gobierno».

Agreguemos que el paro del 9 de mayo cuenta, desde ahora y hacia el futuro, con la Agenda Argentina para un Nuevo Contrato Social, con la cual la CGT aspira a ocupar el vacío de propuestas alternativas para el trabajo, el desarrollo y la producción nacional.  Burgos concluye así su reflexión: «Mientras se refuerza el poder popular en el país, preocupa lo que ocurre con el poder político de la oposición. Las ideas escasean, se repiten consignas de otros tiempos, y parece consolidarse la esperanza que Milei caiga por su propio peso para volver a Gobernar. Es necesario pensar en una nueva agenda económica para un gobierno popular».