NOS QUIEREN QUITAR EL CELULAR, PERO…

…NO PUEDEN QUITARNOS EL DERECHO A SEGUIR CONECTADAS CON LA VIDA

Por Maldita Condenada

Hay decisiones políticas que, detrás de un discurso de seguridad, esconden consecuencias humanas que quienes las impulsan parecen no estar dispuestos a mirar.

El 18 de noviembre, la Cámara de Diputados de Corrientes otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca prohibir el ingreso, la tenencia y la utilización no autorizada de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación móvil dentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia. La iniciativa propone que las comunicaciones autorizadas se realicen mediante teléfonos fijos, bajo supervisión del Servicio Penitenciario y con horarios y límites de duración.

El argumento es prevenir estafas, amenazas, extorsiones y otros delitos que podrían organizarse desde las cárceles.

Pero hay una pregunta que quienes legislan deberían hacerse antes de avanzar con esta medida: ¿alguna vez se detuvieron a pensar qué significa un celular para las mujeres que estamos privadas de libertad y que no recibimos visitas?

Para muchas de nosotras, el teléfono no es un lujo, un entretenimiento ni un privilegio. Es el único medio que tenemos para comunicarnos con nuestras familias, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras amistades y las personas que queremos.

Hay familias que viven a cientos o miles de kilómetros. Hay madres, padres, hijos y hermanos que no tienen los recursos económicos para viajar periódicamente. Hay mujeres cuyos vínculos afectivos sobreviven gracias a una llamada, un mensaje o una videollamada.

No todas recibimos visitas. No todas tenemos a alguien que pueda atravesar largas distancias, pagar un pasaje y disponer del tiempo y los recursos necesarios para llegar hasta una unidad penitenciaria.

Entonces, ¿qué nos queda si también nos quitan el celular?

¿Un teléfono fijo, bajo vigilancia, con horarios establecidos y minutos contados, puede reemplazar el contacto cotidiano con nuestros afectos? ¿Puede una comunicación limitada garantizar el acompañamiento emocional que necesitamos para atravesar el encierro?

La respuesta es no.


EL VÍNCULO AFECTIVO TAMBIÉN ES PARTE DE LA REINSERCIÓN

La reinserción social no comienza el día que una persona recupera su libertad. Se construye todos los días, incluso dentro de una cárcel.

Se construye cuando podemos acompañar a nuestros hijos en una dificultad, cuando sabemos que nuestra madre está bien, cuando sostenemos una relación de pareja, cuando participamos de una conversación familiar o cuando sentimos que todavía tenemos un lugar en la vida de quienes amamos.

Los vínculos afectivos son una red de contención fundamental para la salud mental y emocional. Ayudan a transitar la angustia, la soledad, la incertidumbre y las consecuencias psicológicas del encierro.

Para quienes no recibimos visitas, la comunicación digital representa muchas veces la única posibilidad de conservar una presencia cotidiana en nuestras familias.

Desconectarnos de nuestros afectos no contribuye a la reinserción: profundiza el aislamiento, debilita los vínculos y puede agravar el sufrimiento emocional.

No se puede hablar de resocialización mientras se toman decisiones que nos alejan de la sociedad, de nuestros afectos y de nuestras redes de acompañamiento.

La cárcel ya implica una privación de libertad. No debería convertirse en una herramienta para despojarnos de todos los demás derechos.


EL CELULAR TAMBIÉN ES UNA PUERTA AL CONOCIMIENTO, LA EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD

Hay otra dimensión de esta discusión que parece estar ausente y que para muchas de nosotras es fundamental: el celular también es una herramienta para estudiar, capacitarnos y acceder a la educación.

A través de un teléfono podemos ingresar a plataformas educativas, descargar bibliografía, realizar trabajos prácticos, participar de clases virtuales, comunicarnos con docentes, consultar materiales académicos y continuar una trayectoria educativa que muchas veces comenzó precisamente durante el encierro.

Para quienes cursamos estudios universitarios, el celular puede ser el único dispositivo tecnológico disponible para sostener nuestra formación.

En mi caso, como estudiante universitaria, sé lo que significa depender de la conectividad para acceder a las aulas virtuales, recibir bibliografía, entregar trabajos prácticos y mantener el contacto con la institución educativa.

Detrás de cada teléfono puede haber una mujer que está cursando una carrera, que prepara un parcial, que entrega un trabajo práctico o que participa de una clase a pesar de las enormes dificultades que supone estudiar en contexto de encierro.

También hay mujeres que realizan cursos de formación profesional, aprenden oficios y buscan herramientas para construir una salida laboral cuando recuperen su libertad.

¿De qué reinserción hablamos si restringimos los medios que permiten educarnos y capacitarnos?

La Ley Nacional 24.660 reconoce expresamente el derecho a la educación pública de las personas privadas de libertad, incluyendo todos sus niveles y modalidades. También establece que deben adoptarse medidas para garantizar la continuidad educativa y remover los obstáculos que impidan su ejercicio.

Por eso, el Estado no debería limitarse a permitir que estudiemos en el papel. Tiene que garantizar las condiciones materiales y tecnológicas para que ese derecho pueda ejercerse realmente.

No se puede promover la educación universitaria en contextos de encierro y, al mismo tiempo, desconocer las herramientas que permiten hacerla posible.

La educación es una oportunidad de transformación personal y colectiva. Es una herramienta para recuperar la autonomía, ampliar horizontes y construir un proyecto de vida diferente.

No nos quiten una herramienta que también nos permite aprender, crecer y prepararnos para volver a la sociedad.


SI EL ARGUMENTO ES LA SEGURIDAD, QUE SE PRESENTEN LOS DATOS

Nadie pretende desconocer que pueden existir delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios. Las estafas, las extorsiones y las amenazas son delitos graves y deben investigarse, prevenirse y sancionarse.

Pero una política pública no puede construirse exclusivamente sobre el temor social, los casos que ocupan los titulares o las declaraciones de funcionarios.

Si el fundamento de esta prohibición es la cantidad de delitos organizados desde las cárceles, exigimos que se presenten estadísticas oficiales, transparentes y desagregadas de la provincia de Corrientes.

¿Cuántos delitos se investigaron? ¿Cuántos fueron efectivamente comprobados? ¿Qué proporción representan respecto de la población penitenciaria? ¿Cuántos dispositivos fueron utilizados para actividades delictivas y cuántos para sostener vínculos familiares, estudiar, trabajar o acceder a información?

Desde nuestra experiencia, consideramos que los hechos delictivos atribuidos al uso de celulares representan una proporción ínfima frente a la cantidad de personas que utilizan estos dispositivos para comunicarse, estudiar y mantener sus vínculos. Pero esa afirmación debe poder contrastarse con información pública y verificable.

No se puede instalar la idea de que todas las personas detenidas utilizan sus teléfonos para delinquir ni justificar una restricción generalizada a partir de conductas individuales.

Los casos delictivos deben investigarse y sus responsables deben responder ante la Justicia. Pero no se puede castigar colectivamente a toda una población por las acciones de algunas personas.

Si existen usos delictivos de los dispositivos, deben implementarse mecanismos de control específicos, investigaciones eficaces y sanciones individuales. No una respuesta indiscriminada que termine perjudicando a quienes solamente necesitan comunicarse, estudiar y sostener sus proyectos de vida.

Y hay otra pregunta que no puede quedar afuera: ¿por qué no se investiga también quiénes permiten el ingreso de dispositivos prohibidos, qué controles fallaron y qué responsabilidades institucionales existen?

Los celulares no ingresan solos a una cárcel.


LA DESIGUALDAD TAMBIÉN ATRAVIESA LOS MUROS DE LA CÁRCEL

Hay otra discusión que no podemos dejar afuera: la de los privilegios.

Porque sabemos que no todas las personas privadas de libertad atraviesan las mismas condiciones de encierro. Existen diferencias, tratos preferenciales y situaciones de privilegio que merecen ser investigadas.

Mientras a la población penitenciaria común se le anuncia que puede perder el único medio cotidiano de comunicación con sus familias, también debemos preguntarnos qué sucede con aquellos sectores que cuentan con recursos, contactos y protección.

Existen personas detenidas que gozan de condiciones privilegiadas, los llamados presos VIP, y que, en determinados casos, parecen tener un trato muy diferente al de la mayoría.

¿Se aplicarán los mismos controles para todos? ¿Se investigará con el mismo rigor a quienes tienen contactos con sectores del poder político, del Servicio Penitenciario o del Poder Judicial? ¿O la prohibición terminará recayendo, una vez más, sobre quienes no tienen voz, recursos ni posibilidades de defenderse?

No estamos diciendo que todos los integrantes de esas instituciones sean cómplices. Estamos señalando una desigualdad que no puede ignorarse y reclamando controles independientes, transparencia y responsabilidad institucional.

La ley debe ser igual para todas las personas. Si hay teléfonos utilizados para cometer delitos, deben investigarse los circuitos de ingreso, las responsabilidades de quienes permiten esas irregularidades y las posibles complicidades internas.

Porque no podemos aceptar que se aplique todo el peso del control sobre la población común mientras los privilegios y las posibles complicidades permanecen bajo sospecha.

Una política penitenciaria que castiga a quienes menos tienen, mientras no garantiza controles iguales para todos, no es una política de justicia: es una forma más de profundizar la desigualdad.


LOS DERECHOS HUMANOS NO SE SUSPENDEN AL INGRESAR A UNA CÁRCEL

La Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la Ley Nacional 24.660 establecen que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no han sido legítimamente restringidos por la condena y la legislación vigente.

El artículo 158 de la Ley 24.660 reconoce el derecho a comunicarse periódicamente con familiares, amigos, allegados y abogados, así como con organismos e instituciones vinculados con la reinserción social.

Por su parte, las Reglas Mandela de Naciones Unidas reconocen el derecho de las personas detenidas a mantener contacto periódico con familiares y amistades, incluyendo medios de telecomunicación y digitales cuando estén disponibles.

La misma legislación nacional reconoce el derecho a la educación en todos sus niveles y modalidades.

Es importante decirlo con claridad: no estamos reclamando impunidad ni una autorización para cometer delitos desde las cárceles. Estamos reclamando que las medidas de seguridad no desconozcan otros derechos fundamentales y que las restricciones sean razonables, proporcionales y no discriminatorias.

El Estado tiene la obligación de prevenir el delito, pero también tiene la obligación de garantizar la dignidad humana, la educación, la salud y los vínculos familiares de quienes están bajo su custodia.

La seguridad no puede convertirse en una justificación para el aislamiento absoluto.


NO SOMOS UN NÚMERO, NO SOMOS SOLAMENTE EL DELITO QUE COMETIMOS

A quienes toman estas decisiones queremos decirles algo: detrás de cada teléfono hay una historia.

Hay una mujer que espera escuchar la voz de su hijo. Una madre que necesita saber cómo está su familia. Una compañera que sostiene una relación a la distancia. Una hija que quiere acompañar a sus padres aunque no pueda abrazarlos.

Hay una estudiante universitaria que necesita descargar bibliografía, asistir a una clase virtual y entregar un trabajo práctico. Una mujer que está aprendiendo un oficio, capacitándose y buscando oportunidades para cuando recupere su libertad.

Hay personas que, a pesar de las dificultades del contexto de encierro, intentan reconstruir sus vidas y proyectar un futuro diferente.

No somos un número dentro de una estadística penitenciaria. Somos personas. Tenemos historias, afectos, derechos, responsabilidades y proyectos.

La condena implica la privación de la libertad en los términos establecidos por la Justicia. No significa perder la condición humana ni quedar excluidas de la sociedad.

No queremos privilegios. Queremos igualdad ante la ley, controles transparentes y políticas penitenciarias que no profundicen las desigualdades existentes.

Queremos que se investigue a quienes delinquen, que se controle a quienes tienen responsabilidades institucionales y que se terminen los privilegios.

Pero no aceptamos que, bajo el argumento de la seguridad, se nos quite una herramienta fundamental para sostener nuestros vínculos afectivos, nuestra salud emocional y nuestro derecho a estudiar.

La reinserción no se logra aislando más a las personas. Se logra generando oportunidades, fortaleciendo los vínculos, garantizando derechos y construyendo condiciones reales para regresar a la sociedad.

Nosotras ya estamos separadas de nuestras familias por los muros, las distancias y las condiciones económicas. No necesitamos que una ley profundice todavía más esa separación.

No nos quiten la herramienta con la que hablamos con nuestros hijos, estudiamos una carrera, aprendemos un oficio y construimos la posibilidad de una vida diferente.

No nos desconecten de nuestros afectos, pero tampoco del conocimiento.

Porque educarnos también es una forma de recuperar la libertad.

No es justicia si los derechos se aplican de manera selectiva. No es seguridad si se construye sobre el aislamiento. No es reinserción si se destruyen los vínculos y las oportunidades que pueden ayudarnos a volver.

NO ES JUSTICIA. ES HIPOCRESÍA.

Proyecto de regulación de celulares en las cárceles – República de Corrientes, 18/11/2026⁠.
Ley Nacional 24.660 – Ejecución de la pena privativa de la libertad⁠. Especialmente artículos 1, 2, 133, 135 y 158.
Reglas Mandela – Naciones Unidas⁠. Especialmente regla 58, sobre contacto con el mundo exterior.

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